A lo largo de las últimas décadas, he observado a muchos comunicadores sociales, funcionarios nacionales, integrantes de los Poderes del Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales, analistas políticos y miembros de la sociedad en general, hacer análisis y comentarios acerca de los años transcurridos bajo la ofensiva de la Guerrilla y el Terrorismo en la República Argentina y la posterior acción de Contraguerrilla y Contraterrorismo, iniciada por el Gobierno de María Estela Martínez de Perón y continuada por el Gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Los argumentos utilizados en muchos casos para enjuiciar o defender la acción de unos y otros, carecen en general de la profundidad que requiere un análisis imparcial de un hecho tan trascendente como el señalado. Se ha tomado la cuestión como la necesidad de demostrar la bondad de un bando y la maldad del otro y eso ocurre porque se confunde un hecho de carácter bélico, con intereses políticos personales de uno de los bandos en cuestión. Además, la contemporaneidad de los hechos con las críticas a los mismos, impide una conclusión acertada, ya que sus protagonistas intervienen en la discusión con distinto peso. Durante más de 30 años se ha mantenido en vilo a la sociedad, con titulares catástrofes acerca de los hechos de los que se acusa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Permanentemente se hizo acción psicológica desde los medios de comunicación en apoyo, primero del Juicio a las Juntas Militares y posteriormente, de la búsqueda de continuar dichos juicios hacia todos los niveles de la conducción de las fuerzas que intervinieron. Se promulgaron leyes en el Congreso Nacional con el objeto de trazar una raya en la asignación de responsabilidades, pero solo se logró profundizar el problema por la carencia de una Política de Estado decidida a culminar y archivar definitivamente el problema. Mientras tanto, las acciones de la guerrilla y el terrorismo, que dieron lugar a la intervención del Estado para reprimirlas, son consideradas como militancia política y sus responsables, liberados de toda culpa, caminan libremente por las calles y en muchos casos ocupan importantes funciones en el Gobierno Nacional o Provincial o votan leyes en el Congreso Nacional que favorecen su impunidad. Otros ya fallecidos, resultan homenajeados como héroes por el solo hecho de haber intervenido en la contienda. Tampoco hemos visto que algún político de entonces, cuando el Estado decretó la represión armada, se haya visto ante los estrados judiciales para responder por sus acciones u omisiones. Se han trasgredido derechos constitucionales y procesales en aras de obtener el objetivo buscado y se han dejado de lado cuestiones trascendentales para la defensa en juicio. A este respecto, el análisis crítico de los historiadores trascenderá ésta época y señalará la verdad de los acontecimientos con la vara de la razón y la ética. Lo que no podrá contrarrestarse en el corto ni en el mediano plazo, es la deformación y desinformación que se ha sembrado en la sociedad a lo largo de todos estos años, mediante el uso abusivo de calificaciones verbales, frases hechas repetidas insistentemente, películas carentes de un guion neutral y literatura teñida de parcialidad; como tampoco, el olvido y el desinterés hacia los valores éticos, la educación básica, las celebraciones Patrias y los Símbolos Nacionales. ¡¡Quiera Dios darnos tiempo y fuerza para recuperarnos!! Buenos Aires, 1 de enero de 2015 N/E: El autor es un detenido Preso Político, por razones de seguridad se resguardan sus datos.